La Procuraduría General de República Dominicana continuó hoy con los interrogatorios en el marco de la investigación que realiza por los sobornos de 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado para acceder a contratos de obras públicas en el país.

EFE

El procurador general, Jean Alain Rodríguez, interrogó hoy por más de cuatro horas al exdiputado y exmiembro de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados Ruddy González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado actualmente al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El exlegislador negó haber recibido algún tipo de soborno por parte de la multinacional, al tiempo que defendió su amistad con el empresario dominicano Ángel Rondón, representante comercial de la constructora brasileña en República Dominicana.

El gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, reveló el pasado 10 de enero que Rondón fue quien recibió y distribuyó los 92 millones de dólares, según explicó el procurador general dominicano tras un interrogatorio al ejecutivo.

“Ángel Rondón es mi hermano desde hace más de 20 años. Todo el mundo sabe que él y yo somos amiguísimos, eso yo no lo niego”, afirmó González a la prensa a su salida de la Procuraduría.

El exdiputado también defendió a los legisladores y aseguró que muchos del 80 % de los que han dejado el cargo “no tienen dinero y están mendigando, buscando ayudas para los hijos que tienen estudiando”.

La Procuraduría General de República Dominicana ha interrogado a varios legisladores, exlegisladores y exfuncionarios respecto de este escándalo, pero hasta ahora no hay detenidos.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África, entre ellos la República Dominicana.

La multinacional y la Procuraduría dominicana firmaron en enero pasado un acuerdo a través del cual Odebrecht se comprometió a pagar el doble de lo que aseguró haber entregado en calidad de sobornos.

Sin embargo, un juez declaró el pasado 1 de marzo inadmisible este procedimiento debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos “entre querellantes y querellados”, lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes.

El procurador general dominicano, quien asegura que no habrá impunidad en este caso, está pendiente de informar el proceso a seguir para la homologación del acuerdo.

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