La organización separatista vasca ETA anunció este jueves su disolución a través de un comunicado que pone fin a la última insurrección armada de Europa occidental tras décadas de violencia que dejaron más de 800 muertos.

“ETA quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria”, afirma esta “declaración final” divulgada en Ginebra, en la que asegura que “ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras” y “da por concluida toda su actividad política”.

Madrid ya advirtió poco antes a la organización que no espere ninguna concesión a cambio. “Haga lo que haga ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes”, dijo el jefe de gobierno conservador Mariano Rajoy.

 

“No consiguió nada cuando dejó de matar (…) y tampoco va a conseguir nada ahora”, insistió el mandatario, contrario a dialogar con el grupo.

Fundada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco, acusado de reprimir la cultura vasca, ETA dejó una estela de violencia con al menos 829 personas muertas a lo largo de cuatro décadas en su campaña por la independencia del País Vasco y Navarra.

Catalogada como grupo terrorista por la Unión Europea, ETA mató en atentados con bomba o tiros en la nuca a políticos, policías, militares, juristas y civiles, y también recurrió a secuestros y extorsiones.

 

Pero golpeada por los sucesivos golpes policiales y ante el rechazo mayoritario de la población vasca, la organización renunció en 2011 a la violencia y el año anterior aseguró haber entregado sus armas a las autoridades francesas.

En una carta difundida el miércoles por la prensa española y fechada el 16 de abril, la organización avanzó su decisión a personalidades que mediaron por la paz.

El anuncio de la disolución será seguido de una “conferencia internacional” el viernes en el País Vasco francés, donde son esperados el exlíder del Sinn Fein irlandés Gerry Adams y representantes de partidos españoles pero ningún delegado de los gobiernos español o francés.

 

“ETA se lo debía a la sociedad vasca y al conjunto de la humanidad”, declaró el presidente vasco, el nacionalista Íñigo Urkullu, en una entrevista al diario El País. “Nunca debió existir”, afirmó.

– Crímenes sin resolver –

Organizaciones de víctimas siguen exigiendo que ETA asuma sus responsabilidades criminales y ayude a esclarecer 358 asesinatos no dilucidados.

“Este no es el final de ETA que queríamos (…) debía de haber sido diferente”, afirmó Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite y hermana de un político vasco conservador asesinado en 1995, en un evento el miércoles en San Sebastián (norte), una de las ciudades más golpeadas por los atentados.

Políticos españoles y las víctimas se indignaron ante el mensaje de la organización el pasado 20 de abril en el que sólo pidió perdón por las víctimas “sin responsabilidad” en el conflicto, dando a entender que los asesinatos de policías y militares eran legítimos.

Y el combate se centra ahora en el relato: mientras independentistas defienden que lo ocurrido fue una lucha entre insurgentes y opresores del pueblo vasco, las víctimas y los historiadores recuerdan que ETA continuó matando, incluso con más virulencia, tras la muerte del dictador (al menos 786 personas).

– El futuro de los encarcelados –

Si bien la inmensa mayoría de la sociedad vasca rechaza la violencia, una minoría sigue reclamando la independencia. La coalición separatista Bildu, segunda fuerza del Parlamento regional, obtuvo 21% de los votos en las regionales de 2016.

Bildu y el partido nacionalista PNV de Urkullu reclaman que los alrededor de 300 presos de ETA que cumplen sus condenas en España y Francia sean acercados a sus familiares.

Madrid ha negado cualquier contrapartida a la disolución de ETA, pero Urkullu indicó este jueves que el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, sería “sensible” a un cambio en la política penitenciaria

Por contra, al menos 62 personas del entorno independentista murieron a manos de grupos parapoliciales y de ultraderecha, según el informe Foronda de la Universidad del País Vasco, y existen más de 4.100 denuncias por torturas policiales entre 1960 y 2014, según otro estudio del gobierno vasco.

Estas víctimas piden reconocimiento.

“Si tú no reconoces una parte del sufrimiento, es muy difícil crear una convivencia y la reconciliación. Es muy difícil cuando hay heridas abiertas”, señala Ane Muguruza, de 28 años.

Su padre, Josu, diputado regional de Herri Batasuna, el brazo político de ETA, fue asesinado en 1989 por unos ultraderechistas que, según ella, tenían apoyo del gobierno español.

Al momento de su desaparición, entre 85 y 100 miembros de ETA se mantienen en fuga, según el Foro Social, una organización próxima a las familias de los presos.

AFP

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